Revolución circular en Cortes

El gobierno de España ha remitido esta semana a las Cortes el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para impulsar una economía circular y baja en carbono. Este texto es novedoso porque es la primera vez en la legislación española que se imponen : limitaciones a los plásticos de un solo uso, restricciones a la introducción en el mercado para ciertos productos, se contempla un impuesto para prevenir la generación de sus residuos y fija obligaciones de información al consumidor.

El texto, propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), será sometido a debate de los grupos parlamentarios. Revisa la actual normativa de 2011 para cumplir con las nuevas orientaciones y los nuevos objetivos de residuos establecidos en las directivas de la Unión Europea que conforman el paquete de economía circular, así como con los derivados de la de plásticos de un solo uso.

“Esta ley es la clave de todo el paquete normativo en materia de economía circular y una de las reformas estructurales más relevantes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia”

Teresa Ribera, titular de la cartera del MITECO.

En línea con la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), la propuesta normativa persigue establecer medidas que protejan el medio ambiente y la salud humana en lo que a residuos se refiere, permitan hacer un uso eficiente de los recursos reduciendo el impacto global de su uso e impulsen una economía circular y baja en carbono en España, que aspira a ser un país neutro en emisiones en 2050.

Restricciones a plásticos de un sólo uso

El proyecto de Ley traspone los objetivos contemplados tanto en la directiva de residuos de 2018 como en la de plásticos de un solo uso y recoge, por primera vez en la legislación española, limitaciones a estos productos, restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos y estableciendo un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables para avanzar en la prevención de sus residuos.

Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas -incluidos sus tapas y tapones- y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030 con respecto al mismo año.

Para cumplir con estos objetivos, todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico. En cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2023, queda prohibida su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.

El proyecto introduce medidas para otros artículos de plástico no compostable no incluidos en la normativa comunitaria, como artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujección para avanzar en su reducción y sustitución por productos de otros materiales.

«Prohibida la introducción en el mercado de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos…Cualquier producto hecho con plástico oxodegradable así como microesferas de plástico inferiores 5 mm».

Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados

Asimismo, el proyecto recoge requisitos de diseño: tapas y tapones han de permanecer unidos al recipiente o las botellas PET han de contener un 25% de plástico reciclado a partir de 2025 y todas las botellas de bebidas -incluidas las de PET-, un 30% en 2030). Además, para las botellas de plástico, el texto establece objetivos de recogida separada en dos horizontes temporales: en 2025 se deben recoger separadamente el 77% en peso respecto al introducido en el mercado, aumentando al 90% en 2029. Se establecen también obligaciones de marcado para una serie de productos como las toallitas o los productos de higiene femenina, el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor, así como medidas de concienciación para informar a los consumidores del impacto negativo en el medio ambiente derivados de su abandono y de la correcta gestión de los mismos.

Contra el despilfarro de alimentos y destrucción de excedentes

El proyecto contempla actuaciones contra el despilfarro de alimentos, con el fin de reducir el 50% de los alimentos desechados per cápita a nivel de hogar, distribución minorista y consumo en el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) y rebajar un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para 2030.

«Quedará prohibida la destrucción de excedentes de productos perecederos no vendidos, como textiles, juguetes y aparatos eléctricos. La única excepción, los que deban destruirse para ser reutilizados.»

Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados

Residuos, recogida y reciclado

La norma otorga un papel protagonista a la prevención de residuos, mediante la inclusión de objetivos concretos y cuantificables, con una reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y un 15% en 2030 respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de reducción a partir de 2020.

Cabe destacar el establecimiento de un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización, además de la ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio.

Se amplía así la recogida separada a los biorresiduos domésticos: a partir de 2022 para entidades locales con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para el resto de municipios. También se concreta la separación de residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025. Los restos procedentes de construcción y demolición deberán clasificarse por materiales, preferentemente en el origen a partir de 2022 y la demolición deberá ser selectiva a partir de 2024.

Asimismo, fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035, estableciendo porcentajes específicos de preparación para la reutilización, dentro de cada uno de esos objetivos siendo del 15% en 2035.

«Los establecimientos hostelería y restauración deberán ofrecer siempre a los consumidores la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento».

Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados

Por su parte, las administraciones públicas deberán adoptar medidas necesarias para reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias y otros espacios públicos mediante el fomento de fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrando agua en envases reutilizables, sin perjuicio de que en los centros sanitarios se permita la comercialización en envases de un solo uso.

Contra los suelos contaminados

El proyecto de ley contiene también la regulación de los suelos contaminados, manteniéndose el anterior régimen jurídico en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos. Como novedad, se ha incluido la creación del inventario nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.

“La Ley de Residuos y Suelos Contaminados nace para romper una dinámica inviable de nuestro modo lineal de producción y consumo en la que estamos instalados”.

Teresa Ribera, titular del MITECO

La pandemia ha demostrado que la economía circular, esto es ser capaces de diseñar, innovar, reutilizar y reparar, recuperar y reciclar, para volver a poner los recursos en el circuito económico y en la cadena de valor «es un seguro, una salvaguarda frente a crisis globales como ésta y, previsiblemente otras que, tarde o temprano, llegarán”, ha explicado Teresa Ribera.

El proyecto que entra en debate establece también instrumentos económicos e incentivos, así como también amplia la responsabilidad del fabricante del producto que genere residuo irreciclable. Si se aprueba, el texto sustituirá la anterior norma de 2011 e incorporará a la legislación española las últimas directivas de la Unión Europea en la materia.